El 1º de noviembre de 2007, el Consejo de Estado condenó en última instancia a Fogafin y a la Superintendencia Financiera, a devolver por partes iguales $220 mil millones a los antiguos accionistas de Granahorrar, que fuimos expropiados sin indemnización alguna en octubre de 1998.
Se trata de un fallo que por sus implicaciones merece un estudio serio y desapasionado, para que contribuya a perfeccionar los mecanismos de intervención del Estado sin que en su ejercicio se atropellen derechos de los particulares.
La decisión del Consejo de Estado sienta jurisprudencia en un tema de escaso desarrollo: el respeto a los derechos de terceros cuando los reguladores, usando facultades especiales, intervienen instituciones financieras para su salvamento y con el fin de mantener la confianza en el sistema financiero y evitar pánico económico.
La sentencia, al tiempo que mantiene intactas las facultades de intervención para conjurar esas crisis, confirma que los actos emitidos con ese propósito están sujetos a revisión y control por parte de las autoridades judiciales, como es propio de un estado social del derecho.
Somos concientes de que el primer interesado en respetar las decisiones de los jueces es el Ejecutivo como cabeza del Estado, ya que el incumplimiento de un fallo ejecutoriado sería un ex abrupto que le haría un gran daño a la seguridad jurídica. La confianza en nuestras instituciones, en especial frente a inversionistas nacionales y extranjeros, se debilita, aun con la existencia de normas específicas para garantizar la estabilidad jurídica, a pesar de todos los discursos que se pronuncien para sostener que los fallos judiciales si se respetan.
Como accionistas mayoritarios de Granahorrar y como actores de larga trayectoria en el sector financiero, exhibimos una conducta impecable. Nunca recibimos sanción o queja alguna por parte de las autoridades y siempre acatamos las normas. Nuestra hoja de vida nos permite actuar con transparencia y esperamos que nuestros contradictores en el proceso actúen de la misma manera, es decir respetando los hechos y absteniéndose de acudir a presentaciones incompletas que distorsionan la realidad.
Acogemos las revisiones y debates que sobre el fallo se quieran realizar, porque reafirman la rectitud del proceso y despejan las dudas sembradas por algunos funcionarios, que pretenden revocar la decisión sin importar la legalidad del caso y su justicia, con el prurito del valor de la condena.
Para que todos los interesados puedan informarse sin distorsiones, colgamo el expediente para libre consulta en www.todosobregranahorrar.blogspot.com con todas las pruebas y documentos que lo constituyen. De esta manera, podrán conocer y verificar la solidez de la argumentación jurídica del Consejo de Estado y las nuevas actuaciones que se produzcan alrededor del caso.
